¿Impuesto a los egresados?

La idea de cobrar un impuesto a los egresados de las universidades públicas, propuesta por un estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, contratado por el Ministerio de Educación, y publicada en
este diario el martes pasado, generó una inmensa respuesta de nuestros lectores,
con expresiones de rechazo. El planteamiento es polémico, pero apunta a una
cuestión crucial: la financiación de la educación superior.


Más cupos, acceso más democrático a la universidad para los estratos más pobres y aumento de los magros recursos que hoy se dedican a la investigación -en este
rubro el país tiene un presupuesto menor que el de la sola Universidad de
Harvard- son una prioridad para Colombia. Por eso, más allá de los
comentarios apasionados que despertó la noticia, el tema merece la mayor
atención, en un país en el cual cuatro millones de personas están entre los 15
y los 19 años.


La propuesta tiene sus más y sus menos. Luce justo que quien goza del
privilegio de acceder a la educación superior retribuya en algo a la sociedad.
Pero ¿por qué deberían pagarlo solo los egresados de las universidades públicas
y no los de las privadas? Poner sobre sus hombros parte de la financiación de la educación superior ignora que las universidades públicas deben ajustarse a
sistemas de medición de resultados y competencia. ¿Alguien ha comparado los
costos por estudiante por semestre en la universidad pública y la privada?


Debe reconocerse que la propuesta apunta a buscar plata para que la universidad pública aumente sus cupos y pueda atender a la población de bajos ingresos.
Y lo claro es que es urgente elevar la financiación de la educación superior
y la investigación en el país. La cuestión es cómo hacerlo. Quizá la idea de un 'impuesto' no sea la más afortunada. Pero la necesidad de nuevas fórmulas
es obvia.


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En los últimos años, con altibajos, Colombia logró un aumento importante de las tasas de escolaridad, y un número cada vez mayor de jóvenes termina bachillerato.
Se prevé que la cantidad de bachilleres pasará a 818 mil en el 2010 (de 414 mil
que había en el 2004), según la Misión de Pobreza. Así, en este cuatrienio, el número de graduados sería casi el doble del que acaba de terminar y se aproximará
a los tres millones. Con los cupos actuales, menos de la tercera parte podrá estudiar en la universidad, lo cual hace indispensable una respuesta para que
muchos más puedan lograrlo. Más allá de las quejas sobre el desempleo profesional, los estudios demuestran que la educación es la mejor cura contra la pobreza y
que los graduados ven multiplicados rápidamente sus ingresos.


El problema es que, ante la avalancha de bachilleres, el país no está preparado
para garantizar educación superior a todos. Hoy, algo más de la mitad ingresa
a la universidad, pero esa proporción desciende a menos del 20 por ciento en los estratos más bajos. Por tal motivo, es necesaria una respuesta que garantice que
los más pobres puedan hacer una carrera.


Nada sería menos equitativo que solo puedan estudiar los que tengan dinero para pagar las matrículas de las universidades privadas. Es preciso financiar a los
que no pueden pagar su educación, sea ampliando cupos en las universidades
públicas o dándoles crédito para entrar a las privadas. Esto requiere recursos públicos, que salen de los impuestos. Y estos pueden ser los impuestos de todos,
que subsidian a los que se benefician con los estudios, o un impuesto que paguen esos beneficiados.


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La propuesta que provocó tanta reacción parte de la idea de que es más justo que quienes se beneficien paguen, y no que todos los trabajadores del país, vía impuestos, les paguen sus matrículas. Esto se inspira en experiencias de Australia
y Suráfrica, donde los graduados de las universidades públicas pagan contribuciones al entrar a trabajar. La lógica es que los que pagan impuestos hacen un esfuerzo para subsidiar la educación pública, cuyos beneficiarios deben retribuirlo.
En el caso de Colombia, el subsidio para las matrículas de las universidades públicas es del 85 por ciento del costo, según el Ministerio de Educación.
Si bien es justo en el caso de los estudiantes más pobres, no tiene sentido darlo a estudiantes de mayores ingresos, que pagan matrículas artificialmente bajas.


No obstante, la imposición de un impuesto de este tipo en el país puede no solo ser inconstitucional, sino incobrable. De allí que sea necesario mirar otras opciones, pues resulta ilusorio pensar que los recursos del presupuesto nacional que ya ascienden a 1,6 billones de pesos al año en el caso de las universidades públicas (sin contar los importantes gastos de departamentos y municipios) vayan a aumentar en forma significativa. Por esta razón, expertos como Hugo López proponen una estrategia que mezcla apoyos de sostenimiento, subsidios y crédito estudiantil, apoyada en el programa Acces del Icetex, que presta a los primíparos hasta el 75 por ciento del valor de la matrícula (aunque su cobertura es reducida: algo más de 22 mil créditos frente a 322 mil primíparos en el 2005). Además, habría que avanzar en becas más integrales, que cubran no solo gastos de matrícula, sino de manutención.


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Tal esquema permitiría que los bachilleres estudien en universidades públicas y privadas y que los más pobres reciban subsidios para manutención y para el pago del crédito, pero que regresen una vez graduados parte de lo obtenido. Los cálculos revelan que esta es una de las inversiones más rentables que el país puede hacer y que el costo del programa de crédito es recuperable con creces en el futuro. Un número mayor de colombianos mejor y más educados permitirá una nación más rica e igualitaria. Los bachilleres ya están aquí. Ahora faltan las respuestas.


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